Los hombres de la conducción económica del Gobierno están empinando el discurso. No hace mucho, uno de ellos anunciaba la gran posibilidad de lograr la denominada convergencia fiscal, es decir, alcanzar el equilibrio entre ingresos y gastos en el presupuesto general.
Pero a la vista del grueso engorde de partidas perpetrado por el Congreso, los emisarios del Poder Ejecutivo debieron corregir su optimismo y advertir que, de insistir en tales aumentos, el PGN saltaría por los aires volviéndose inaplicable.
Hasta el político menos ducho en asuntos económicos percibe el peligro en eso de la convergencia fiscal, concepto acuñado por la ortodoxia presupuestaria al cual se agrega otro modificativo, racionalidad en el gasto. En este punto los parlamentarios entran en pánico pues de seguir avanzando en la idea sólo quedaría eso de la austeridad fiscal que repugna a la dirigencia política, sobre todo a las puertas de las internas partidarias y a un semestre de las generales.
Convergencia, racionalidad, austeridad, recorte de gastos. Si nada de eso fuera posible, ¿qué alternativas le quedan al poder administrador para cerrar cuentas? Como los gastos corrientes -salarios, aguinaldos, horas extra, bonificaciones, etc.- son intocables, la primera victima en el PGN son las obras públicas y el mantenimiento. Abajo con ellos. Si el déficit sigue, el siguiente recurso es emitir deuda para enjugar gastos duros, altamente desaconsejable. Si eso aún es insuficiente, se puede probar cancelando programas y pateando compromisos hacia adelante. Una última carta es la emisión...
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