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La Cámara de Diputados recibió un nuevo pedido para tratar el desafuero del diputado Esteban Samaniego, imputado por la malversación de G. 1.108 millones durante su gestión como intendente.
La Coordinadora de Abogados del Paraguay y la organización Somos Anticorrupción presentaron el cuarto pedido de urgimiento ante la mesa de entrada de la Cámara de Diputados para que se trate el desafuero del legislador cartista Esteban Samaniego. El parlamentario enfrenta una imputación formal por administración en provecho propio y asociación criminal relacionada con la presunta malversación de G. 1.108 millones durante su gestión como intendente de Quyquyhó en el período 2015.
El caso Samaniego representa uno de los ejemplos más notorios del blindaje parlamentario en el Congreso paraguayo. Mientras su esposa, Patricia Corvalán (ANR-HC), actual intendenta de Quyquyhó, y su madre, Blanca Álvarez Vda. de Samaniego, ya están acusadas y a la espera de juicio oral junto a otras ocho personas vinculadas al esquema de corrupción, el proceso contra el diputado permanece paralizado debido a sus fueros parlamentarios.
La cronología del caso evidencia una sistemática obstrucción institucional. En diciembre de 2023, el fiscal Silvio Corbeta imputó al diputado Samaniego y el juez Humberto Otazú comunicó formalmente a la Cámara de Diputados el acta de imputación. Posteriormente, en marzo de 2024, el magistrado reiteró el pedido de desafuero, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta por parte del órgano legislativo, que continúa protegiendo al parlamentario cartista a pesar de los múltiples urgimientos judiciales.
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