Foto: Gentileza El abogado Francisco De Vargas explicó que la causa por presunta estafa contra Pablo Suárez y María José Arce se originó en un complejo enfrentamiento entre socios que detuvo la obra en un 70% y no en una intención de perjudicar a los compradores. De acuerdo con el abogado Francisco De Vargas, representante de dos de los imputados —Pablo Suárez y María José Arce—, la raíz del problema no se encuentra en una estafa, sino en una profunda disputa societaria que afectó el curso normal de la construcción. Cómo empezó el conflicto entre los socios Cibera S.A., la empresa responsable del proyecto, está integrada por socios paraguayos (Suar S.A.) y socios uruguayos. “Un problema contractual, no penal” De Vargas insistió en que sus representados no son estafadores y que, por el contrario, son quienes hoy afrontan el mayor perjuicio: no pueden culminar un edificio que tiene 30 departamentos, tienen una inversión millonaria inmovilizada y enfrentan un proceso penal que —según sostiene— no corresponde al ámbito penal sino al civil.
El abogado Francisco De Vargas explicó que la causa por presunta estafa contra Pablo Suárez y María José Arce se originó en un complejo enfrentamiento entre socios que detuvo la obra en un 70% y no en una intención de perjudicar a los compradores.
El proyecto inmobiliario Cibera Park, que debía entregar 30 departamentos y que hoy permanece paralizado con un avance del 70%, quedó en medio de una serie de conflictos internos entre los propios desarrolladores. De acuerdo con el abogado Francisco De Vargas, representante de dos de los imputados —Pablo Suárez y María José Arce—, la raíz del problema no se encuentra en una estafa, sino en una profunda disputa societaria que afectó el curso normal de la construcción.
Cibera S.A., la empresa responsable del proyecto, está integrada por socios paraguayos (Suar S.A.) y socios uruguayos. Según explicó De Vargas, ambas partes iniciaron demandas civiles entre sí luego de desacuerdos sobre el manejo de la obra y la administración de la sociedad.
Mientras Suar S.A. demandó a los inversionistas uruguayos por incumplimientos contractuales, estos últimos respondieron con acciones judiciales contra sus socios paraguayos. Los procesos, aún en desarrollo, derivaron en embargos y medidas cautelares que congelaron la actividad de la empresa.
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