Indudablemente, la determinación de acciones fraudulentas contra derechos patrimoniales se enmarca por situaciones de crisis que configuran la desconfianza en las relaciones jurídicas, y que consideran una implicancia (negativa) en el ámbito económico ante ciertos estándares éticos y legales. Esto también se erige sobre los cimientos de la necesidad de un bien jurídico muy preciso y determinable.
Pues bien, existen varios parámetros (dogmáticos) a ser analizados dentro de estos hechos delictivos, tal como ocurre con la desvirtuación del principio “pars conditio creditorum” que consagra la igualdad de los acreedores, respecto de los créditos de igual condición. Es decir, las cuestiones fraudulentas pueden considerar varios contextos delictivos, pero, siempre se extractan en la conculcación del normal funcionamiento de los mecanismos o resortes de la economía.
Así, la Ley N° 1160/97 infiere a través de su artículo 179° “Conducta indebida en situaciones de crisis”, subsumiendo el injusto penal bajo responsabilidad de quien, en caso de insolvencia o iliquidez inminente o acontecida, gastara o se obligara a pagar sumas exageradas mediante negocios a pérdida o especulativos, juegos o apuestas, o negocios de diferencia respecto a mercancías o valores.
Asimismo, la referida normatividad configura el tipo legal, cuando (el agente) disminuyera su patrimonio mediante otros negocios jurídicos respecto a la parte que, en caso de declaración de quiebra, pertenecería a la masa; removiera u ocultara partes de su patrimonio que, en caso de quiebra pertenecerían a la masa; simulara derechos de otros o reconociere derechos simulados; antes del término del plazo legal para la guarda removiera, u ocultara, destruyera o dañara libros u otros papeles de comercio, que un comerciante legalmente debe llevar o guardar.
En tanto, la adecuación típica también se subsume, cuando (el agente), en contra de la ley, elaborara o modificara balances de tal manera que esto dificulte conocer su estado patrimonial real; o, omitiera elaborar el balance de su patrimonio o el inventario en el plazo establecido. Por otro lado, esto, igualmente se adecua cuando en el tráfico mercantil (el agente infractor) utilizara resúmenes falsos o distorsionados del estado real de sus negocios o patrimonio. Así, por toda la implicancia conductual (típica) se podría sancionar con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.
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