Los profesionales del derecho Rafael Fernández y Gustavo Gorostiaga ejercieron la querella contra los 12 ex directivos condenados.
Los jueces de primera instancia resolvieron condenar a los acusados debido a que actuaron con dolo porque las víctimas, que son los jubilados, son de edad avanzada y condición vulnerable que esperan contar con la jubilación, productos de varios años de aporte. Además, los magistrados habían señalado que "los únicos responsables de cuidar los fondos eran los consejeros que decidieron destinar alegremente dichos fondos. En realidad no existió inversión alguna, porque las empresas no existían o existieron solo en papeles y el dinero enviado les permitió salir de la oscuridad".
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