La dilación de procesos, especialmente a “peces gordos”, es un problema en el Poder Judicial. Solo la aplicación de sanciones a chicaneros podrá destrabar las causas. El Tribunal de Apelación, Primera Sala, ya multó a procesados y abogados.
El 18 de setiembre pasado, los camaristas Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Ocampos sancionaron con una multa de G. 6.000.000 al extitular del Indert, Luis Ortigoza Samudio, en el proceso que se le sigue por estafa y producción de documentos no auténticos. Los miembros del Tribunal de Apelaciones, luego de analizar el expediente, encontraron que el acusado ejerció en forma abusiva su derecho.
“Notamos que no es la primera recusación en contra de este tribunal de alzada. Varias recusaciones ya fueron resueltas por la Corte y las resoluciones quedaron firmes. La conducta reiterada del acusado en la causa demuestra que está probado el ejercicio abusivo de derecho y la conducta dilatoria del encausado, sin que exista alguna causa de justificación”, señalaron los magistrados en la resolución de sanción a Ortigoza.
Enfatizaron que corresponde aplicar a Ortigoza lo previsto en el artículo 114 del Código Procesal Penal que se refiere a las sanciones y que dice que “cuando se compruebe mala fe o se litigue con temeridad, los jueces podrán sancionar hasta con cien días multa en casos graves o reiterados y, en los demás casos, con hasta cincuenta días multa o apercibimientos”.
El 18 de febrero pasado, el Tribunal de Apelación integrado por Santander y sus colegas José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro aplicó una multa de G. 5.118.876 al acusado Jorge Zárate, quien fue declarado primeramente litigante de mala fe. La medida se adoptó en el expediente caratulado “Jhone Orihuela y Jorge Zárate sobre tentativa de homicidio y otros”.
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