Fuertes presiones desde el Jurado de Enjuiciamiento e incidentes dilatorios promovidos por defensores alargan el proceso por un perjuicio de G. 6.000 millones al Estado. La acusación se presentó hace un año y cuatro meses.
El fiscal Luis Piñánez, en febrero de 2016, acusó y pidió juicio oral para el exministro de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia José María Orué Rolandi y la proveedora del Estado, Nancy Lucina Godoy, por un supuesto perjuicio patrimonial de más de G. 6.000 millones al Estado.
Sin embargo, a un año y cuatro meses de la acusación, aún no se pudo hacer la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si los procesados afrontan o no juicio oral y público.
Los incidentes dilatorios promovidos por la defensa de los acusados contribuyen a dilatar la causa. Además, se habla de una fuerte presión desde el Jurado de Enjuiciamiento para blanquear a la proveedora del Estado, que es una mujer con mucho poder económico.
Según fuentes judiciales, un alto funcionario del órgano juzgador, muy cercano al titular del Jurado el senador colorado, Óscar González, es el que estaría operando en el Poder Judicial para dejar impune el caso.
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