A casi dos años de la imputación al excomandante de la Policía Francisco Alvarenga, hasta ahora no se pudo hacer la audiencia de imposición de medidas. Con incidentes dilatorios, el procesado por enriquecimiento ilícito evita su ida a prisión. El caso es una muestra de la impune dilación de los juicios a personas con poder económico o políticos acusados de corrupción.
El octubre de 2015, los fiscales Aldo Cantero y Luis Pináñez imputaron a Alvarenga y a su esposa Mirta Evelina Rotela, por enriquecimiento ilícito y solicitó la prisión de ambos. El juez Humberto Otazú procesó al matrimonio y fijó para el 12 de noviembre la audiencia de imposición de medidas, en la que tenía que resolver si decretaba o no la prisión solicitada por los agentes del Ministerio Público.
La primera chicana vino con la designación del abogado Jorge Coronel, al solo efecto de apartar del caso al juez Otazú, quien es amigo del referido profesional del derecho.
La intervención de Coronel hizo que el magistrado Otazú se aparte del caso, que luego pasó al juzgado a cargo de Hugo Sosa Pasmor.
Alvarenga y su defensa presentaron todo tipo de incidentes para que no se lleve a cabo la audiencia de imposición de medidas, en la que se tiene que definir su prisión y la de su esposa.
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