El Ministerio Público detalló que jueces de Paz beneficiaban a demandantes (empresas de cobranzas) y el dinero terminaba en una repartija entre los jueces, sus funcionarios y ujieres.
La Dirección de Análisis de la Información Estratégica de la Fiscalía cuenta de forma clara y graficada cómo iban pasando en grupos los expedientes de la mafia de los pagarés de una persona a otra.
Según el informe, se operaba de la siguiente manera: Un abogado preparaba la acción preparatoria de juicio ejecutivo y la presentaba ante el juez, quien providenciaba y enviaba el expediente al actuario judicial, para que certificara su firma.
Luego, un ujier notificador “informaba falsamente” sobre la notificación al demandado, y pese a eso, el abogado instaba al juez a sacar la resolución donde se tenía por cierta la firma que estaba en el pagaré.
La jueza Carmen Analía Cibils, presuntamente involucrada en la trama, “dictaba resoluciones acordes a las pretensiones de la parte actora”, sin que el demandado tuviera conocimiento de la citación.
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