LA PAZ. Un comité investigará supuestos casos de persecución política e ideológica durante los casi catorce años de Gobierno de Evo Morales, que el Ejecutivo interno de Bolivia asegura que alcanzan los 1.300.
“No es un acto de venganza, es un acto de responsabilidad”, aseguró la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, tras recibir la resolución que crea esa instancia de manos del ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, en el palacio de Gobierno en La Paz.
El comité estudiará casos de “perseguidos y exiliados políticos de manera injusta en estos catorce años de dictadura del Gobierno de Morales, puedan retornar al país para asumir su defensa”, sentenció la mandataria de transición.
El denominado Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por motivos Políticos e Ideológicos atenderá los casos con “con inmediatez y celeridad”, afirmó Áñez. No obstante, no incorporará “delitos comunes, delitos de lesa humanidad y tampoco narcotráfico”, precisó.
La instancia está conformada por reparticiones del Ministerio de Justicia y coordinará su labor con el poder Judicial.
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