El gobierno del izquierdista Gustavo Petro abrió la puerta para un nuevo intento de negociación con el Clan del Golfo —el mayor cártel de narcotráfico activo- dentro del marco de una política de “paz total” que, según los expertos, muestra puntos frágiles que han quedado expuestos en una reciente crisis provocada por un ataque a la población civil.
Hasta ahora, el Clan del Golfo ha estado al margen de la "paz total”, que pretende diálogos simultáneos con múltiples grupos armados y bandas urbanas, pese a tener presencia en un tercio del territorio colombiano. Es la pieza faltante en la política y una de las más difíciles de encajar, según advierten analistas.
“Por fuera de la paz total tienen más poder: pueden presionar por territorio, rentas ilícitas y actuar como quieran sin ningún reglamento. Para los demás armados la mayor amenaza es el Clan del Golfo, no el Estado”, señaló Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, a The Associated Press.
Negociar con el Clan del Golfo pasa por definir su tratamiento jurídico. En Colombia hay dos vías: el diálogo con actores ilegales que han recibido estatus político —aunque también trafiquen y cometan otros delitos—, o un sometimiento a la justicia de estructuras de crimen organizado que no se cree que tengan móviles políticos y en el que no recibirían tantos beneficios jurídicos ni serían juzgados en un tribunal especial.
El Clan del Golfo tiene sus orígenes en la década de 2000 luego de que se desmovilizaran los grupos paramilitares. Sin embargo, su principal móvil no ha sido derrotar a las guerrillas de izquierda, sino mantener y expandir sus rentas ilegales.
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