Hace unos días se anunció el inicio de un nuevo proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Si las negociaciones con la segunda guerrilla más grande del país terminan pareciéndose al acuerdo al que está llegando la administración Santos con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), no será causa para celebrar.
Cuando empezaron las negociaciones con las FARC en noviembre del 2012, el Gobierno dijo que esperaba concluirlas en cuestión de meses, no de años. Acaba de pasar una fecha límite para firmar el acuerdo, lo cual pone en duda cuándo y cómo se ratificaría.
La mayoría de los colombianos están a favor de que se lleve a cabo un proceso de paz. El conflicto armado, después de todo, se ha extendido por más de medio siglo en el que cientos de miles de colombianos han muerto, millones han sido desplazados, y decenas de miles han desaparecido.
En la medida en que han avanzado las negociaciones, sin embargo, y conforme se conocen los detalles de lo acordado, la popularidad del proceso ha caído. Según una encuesta reciente de Gallup, la mayoría de los colombianos piensa que no andan bien las negociaciones. Según otro sondeo de esta semana, la popularidad del presidente Juan Manuel Santos ha caído a 13%, el punto más bajo para cualquier presidente en la historia de Colombia.
La creciente desconfianza de los colombianos hacia las negociaciones y su líder está bien fundamentada. Tras el anuncio en diciembre del acuerdo entre las FARC y el gobierno sobre cómo tratarán los casos de graves violaciones a los derechos humanos, queda claro que la justicia misma se está vulnerando en su nombre y en nombre de la paz. Por eso, la ONG defensora de derechos humanos Human Rights Watch ha criticado fuertemente al acuerdo.
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