Mientras Cuba siga siendo el bastión de una dictadura comunista que dispone de recursos militares, políticos y diplomáticos para proyectar acciones subversivas en el continente, toda guerrilla colombiana, desmovilizada o no, desarmada o no, convertida en partido político o no, seguirá cumpliendo tareas nefastas y de destrucción institucional.
Pues no hay grupo de izquierda o guerrilla desmovilizada alguno en Colombia que se haya sustraído realmente a la influencia ideológica de la Cuba castrista. Las Farc, desmovilizadas o no, no serán la excepción. Serán la confirmación de la regla. Si no se entiende esto no se puede ver qué riesgos encierra, a corto y largo plazo, el pretendido “proceso de paz” que el gobierno de Juan Manuel Santos aceptó gestionar, en mala hora, y desde hace más de cuatro años, bajo los auspicios interesados de Raúl Castro.
Colombia sabe muy bien que la impunidad de que gozaron las guerrillas desmovilizadas en años pasados no reforzó el sistema democrático. Esos arreglos se convirtieron en el mejor resorte para que esas fuerzas, bajo diversos disfraces y gracias a la orientación cubana, lanzaran operaciones de destrucción institucional, silenciosas y efectivas, sin que la sociedad pudiera encontrar medios efectivos para poner fin a esa injerencia.
Por eso el desgaste de la seguridad nacional en Colombia es tan avanzado.
Lo que ocurrió con la guerrilla del M-19 ilustra ese fenómeno. Tras su desmovilización en marzo de 1990, gracias a la política de “perdón y olvido” concedida por el presidente Virgilio Barco, esa corriente, bajo ropajes banales, logró que Colombia cambiara de Constitución y debilitara su sistema judicial. Se dedicó enseguida a montar procesos de venganza contra los militares. Con testigos falsos, pruebas fabricadas y complicidad de jueces y fiscales fanatizados, esa corriente logró llevar a la cárcel, en 2007, a los militares que frustraron el golpe de Estado que el M-19, con ayuda del...
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