El Senado aprobó un pálido proyecto de “reforma” de la Caja Fiscal, con lo cual su déficit galopante continuará pesando cada vez más sobre las espaldas de la población. Resta la aprobación de Diputados, pero se da por hecho que se mantendrán los cambios al mínimo, si es que no los relajan todavía más. Gran parte de la culpa recae sobre Santiago Peña, por no animarse a encarar esta difícil reforma cuando debió hacerlo, al inicio de su mandato. A la vez, queda de nuevo demostrado que, con pocas excepciones, los legisladores solo se representan a sí mismos y a pequeños grupos de interés, no al pueblo. El tema de la Caja Fiscal es más simple de lo que quieren hacerlo aparecer. Le ponen muchos nombres, muchas excusas, cínicamente hablan de “sensibilidad social”, pero la realidad es que el 90% de los trabajadores del país, la enorme mayoría de los cuales no tiene acceso a ningún sistema previsional, les financian las jubilaciones de privilegio al 10% restante, que están en el servicio público y perciben ingresos del Estado.
La Cámara de Senadores aprobó un pálido proyecto de “reforma” del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, o Caja Fiscal, con lo cual su déficit galopante continuará pesando cada vez más sobre las espaldas de la población. Resta la aprobación de la Cámara de Diputados, pero se da por hecho que se mantendrán los cambios al mínimo, si es que no los relajan todavía más. Gran parte de la culpa recae sobre Santiago Peña, por su irresolución y por no animarse a encarar esta difícil reforma cuando debió hacerlo, al inicio de su mandato. A la vez, queda de nuevo demostrado que, con...
El tema de la Caja Fiscal es más simple de lo que quieren hacerlo aparecer. Le ponen muchos nombres, muchas excusas, cínicamente hablan de “sensibilidad social”, pero la realidad es que el 90% de los trabajadores del país, la enorme mayoría de los cuales no tiene acceso a ningún sistema previsional, les financian las jubilaciones de privilegio al 10% restante, conformado por los que están en el sector público y perciben ingresos del Estado.
La iniciativa original del Poder Ejecutivo proyectaba una reducción del 60% del déficit de manera paulatina. Tampoco se trataba de una reforma demasiado radical, ya que lo lógico y justo habría sido equiparar todos los regímenes jubilatorios a los del sector privado, pero ni eso prosperó.
Se ponía el énfasis en la edad de retiro, factor identificado como el mayor causante del desfase financiero. Actualmente, los miembros del magisterio, los docentes universitarios, los militares y policías, que son los segmentos más numerosos y más deficitarios, se pueden retirar con jubilación ordinaria a cualquier edad; los magistrados judiciales pueden hacerlo a los 55 años, lo mismo que el personal de blanco. Los funcionarios de la administración central se retiran a los 62 años y, por el momento (no por mucho tiempo más), componen la única categoría superavitaria.
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