PEKÍN. El Gobierno chino está reduciendo “de forma dramática” el espacio de la sociedad civil y deja a los ciudadanos sin ninguna vía para conseguir justicia ante cualquier violación de sus derechos, ya sean políticos, sociales o económicos.
El relator especial sobre Derechos Humanos y Pobreza Extrema de la ONU, Philip Alston, criticó duramente las recientes políticas del Gobierno chino en una rueda de prensa en Pekín y consideró crucial que las autoridades del país establezcan un mecanismo eficaz para investigar las denuncias de sus ciudadanos y buscar responsables.
Al final de su viaje por China, durante el que tuvo que someterse a un estricto control del Gobierno que dificultó la agenda que tenía prevista, Alston dibujó hoy un panorama difícil para los ciudadanos chinos que buscan justicia por cualquier tipo de problema, desde una expropiación hasta daños por la contaminación.
El sistema principal, el del envío de cartas a un organismo creado para ello, resulta ser “un mecanismo burocrático, que no da los resultados que uno esperaría ver”, y en el que aquellos que lo utilizan “rara vez consiguen un resultado favorable”, indicó. Por otro lado, señaló Alston, está el sistema judicial, pero “la realidad es que a los abogados ni se les espera ni en realidad se les permite que desafíen las políticas del Gobierno”, apuntó.
El experto recordó la reciente campaña contra abogados de derechos humanos por la que se ha detenido y condenado a prisión a importantes profesionales de este colectivo bajo cargos como el de “subversión”, comúnmente utilizado contra disidentes y activistas. Las pequeñas manifestaciones son “castigadas” por el Gobierno, pero “si son suficientemente grandes, el Gobierno trata de llegar a un acuerdo”, precisó Alston. “La principal vía para resolver una disputa no debería ser acudir a una protesta multitudinaria”, anotó.
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