Chile desplegó este lunes un contingente militar en sectores fronterizos con Perú y Bolivia para frenar la inmigración ilegal mediante controles de identidad, de equipaje y la detención de extranjeros que estén cometiendo delitos.
Entre los principales problemas que enfrentó el presidente Gabriel Boric a su llegada al poder hace casi un año está la inmigración descontrolada en el extremo norte chileno. Para regularizar la inmigración el mandatario ha presentado varios proyectos de ley, el último de ellos otorgó facultades a las Fuerzas Armadas para controlar los múltiples pasos ilegales por su porosa frontera norte.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, y el de Defensa subrogante, Gabriel Gaspar, viajaron al poblado de Cariquima, cerca de Colchane, unos 2.000 kilómetros al norte de la capital chilena, para estar presentes en el despliegue de los militares. A su llegada Tohá declaró que el gobierno espera que la presencia militar “tenga un efecto disuasivo”. “No está prohibido entrar a Chile, pero lo que está prohibido es hacerlo por pasos irregulares”, añadió.
Los militares usados para el control fronterizo ya estaban distribuidos en sectores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde se produce la mayor inmigración ilegal, pero no tenían facultades especiales y sólo colaboraban con la policía. El decreto que permite el uso de las Fuerzas Armadas estará vigente por 90 días y es prorrogable con el respaldo del Congreso.
Los militares podrán hacer controles de identidad a personas que sospechen que entraron por pasos irregulares, registrarán los equipajes y si ven indicios de algún delito, precisó Tohá, las detendrán y transferirán a la policía en un plazo máximo de 24 horas.
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