La destituida intendenta municipal y un grupo de concejales crearon un tributo para cobrarle al contribuyente un supuesto aporte para el Cuerpo de Bomberos, pero no entregaron a la entidad.
Prieto pidió a la fiscala general Sandra Quiñónez que designe a un fiscal patriota que envíe a la cárcel a la ex intendenta, porque el hecho está tipificado como crimen y no puede ser concedida la libertad ambulatoria. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Adjunta con el deseo de que sea enviada a Asunción, por desconfianza en los fiscales de Ciudad del Este.
La acusación está basada en el informe final de la doctora Carolina Llanes, quien había intervenido la administración municipal, y hecho ocurrió en el periodo 2010-2015. Además, involucra a varios concejales que crearon una ordenanza municipal para establecer un impuesto, que solamente puede ser creado por ley, según advirtieron los denunciantes en su escrito.
Los abogados Nidia Silvero de Prieto, Ricardo Romero y Mauro Barreto firmaron el escrito que fue presentado ante la Fiscalía Adjunta de Ciudad del Este, cuyo titular fue criticado por estar ausente ayer en su despacho. Silvero de Prieto señaló que el adjunto siempre fue un inservible y que la Fiscalía de Ciudad del Este era manejada con control remoto desde Asunción.
Prieto y los concejales Herminio Corvalán, Teodoro Mercado, María Portillo y Hugo Benítez acompañaron a los abogados para presentar la denuncia.
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