La Cámara de Diputados prevé tratar el martes 1 de abril el proyecto de ley “que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos o cualquier medio de comunicación, electrónico o no, en los centros penitenciarios y centros educativos”, que plantea castigar con pena de cárcel a quienes introduzcan de contrabando estos equipos para proveer a reos.
Castigo penal a quien meta un celular en la cárcel, definirán en Diputados
El diputado José Rodríguez (ANR, cartista) plantea endurecer la pena principalmente para funcionarios penitenciarios que incurran en la práctica de y otros equipos a criminales en prisión, atendiendo que actualmente el castigo es perder su empleo.
A fin de que el temor sea mayor, plantea que quien “fuera funcionario público o prestare servicio en la institución penitenciaria o educativa; o estuviera especialmente obligado a evitar el ingreso”, podrá ser condenado hasta a 7 años de prisión.
Igualmente, también se endurecen las penas contra terceros que no necesariamente tengan vinculación con el Ministerio de Justicia, ya que señala que quien “fuera algún proveedor de servicios o productos en los centros penitenciarios, abogados en el ejercicio de su profesión o cualquier otra persona a la que se le haya otorgado una autorización de ingreso especial a un centro penitenciario” se la podrá condenar con hasta 5 años de cárcel.
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