En esta causa se encuentran imputados los ex ministros Francisco De Vargas y Luis Alberto Rojas.
Los mismos fueron beneficiados con el sobreseimiento provisional debido a que para la Fiscalía existían aún cabos sueltos para una eventual acusación contra los procesados.
Según la carpeta fiscal, en el 2012, estando De Vargas al frente de la Senad, compró un equipo de rastreo sensitivo móvil por G. 9.406 millones, mientras que Rojas hizo la compra de otro aparato por más de G. 1.250 millones, complementario para el mencionado equipo.
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