La fiscal María Estefanía González acusó y pidió juicio oral para el exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, para la exviceministra Marta Regina Benítez Morínigo y para Guillermo Alcides Alcaraz, exgerente del proyecto.
Según la acusación, las obras pagadas «no son actualmente útiles para la ciudadanía, además de encontrarse demolidas, por lo cual, se puede afirmar que el perjuicio patrimonial es sobre el total desembolsado en las 29 certificaciones de obra. La suma llega a los G. 180.030.528.699.
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