Caso Ferreiro revela que se debe insistir en control de corrupción

Caso Ferreiro revela que se debe insistir en control de  corrupción

La apertura de una investigación fiscal, con base en indicios de tráfico de influencias, y que apuntan a la existencia de un recaudación paralela fue el marco de la renuncia del intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Es un duro golpe a una ciudad que ya se encontraba insatisfecha por la gestión del lord mayor, y se da apenas unos días después de la intervención a la Municipalidad de Lambaré por diversas irregularidades. Estos casos revelan por sobre todo que no se debe cejar en el objetivo de luchar contra la corrupción. Las irregularidades y las malas gestiones municipales van directamente en detrimento de los intereses de la ciudadanía, que contempla pasiva cómo los políticos manejan las instituciones a su antojo.

El presente escándalo se suma así a la muy criticada gestión del gobierno municipal de la capital del país, y se convierte en un argumento más que abona las razones del desencanto ciudadano.

La gestión de Mario Ferreiro, con muchos cuestionamientos por parte de los asuncenos, se vio afectada finalmente por la denuncia hecha por un ex aliado político, Camilo Soares, quien acusa de la existencia de un supuesto esquema de recaudación paralela dentro de la Municipalidad de Asunción. El ahora ex intendente y Soares formaban parte del mismo equipo político, hasta que la relación se resquebrajó por completo.

La fiscala Stella Mary Cano ya formuló imputación contra seis personas por tráfico de influencias, lesión de confianza y coacción, en el marco de las investigaciones de un supuesto sistema de recaudaciones paralelas. Los investigados son Carlos Marcelo Mancuello Ríos, jefe de Gabinete; Víctor Ramón Ocampos Fernández, asistente, por la supuesta comisión de hecho punible de lesión de confianza y tráfico de influencias; y Aureliano Servín Maldonado, jefe del Departamento de Recursos Humanos, por tráfico de influencias, coacción y coacción grave.

Asimismo, María Rocío Casco Arce, ex diputada y miembro del movimiento Avanza País, está imputada por tráfico de influencias, coacción y coacción grave; mientras que dos sobrinos del intendente, Alberto Mauricio Ferreiro Paz y Fernando Arturo Ferreiro Ayala, están procesados por tráfico de influencias.

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