La firmeza de los jueces brasileños que investigan la vasta trama de corrupción en Petrobras amenaza con una crisis institucional entre el Poder Judicial y el Senado, que puede poner contra la pared al Gobierno del presidente Michel Temer.
BRASILIA (EFE). La situación llegó a su punto crítico cuando la semana pasada un juez ordenó una operación en plena sede del Senado, en la que fueron revisados los gabinetes de cinco parlamentarios e incautados varios ordenadores y numerosos documentos que llenaron doce maletas.
Aunque los efectos de esa operación fueron suspendidos ayer por un juez del Supremo Tribunal, que decidió que la corte analizará la legalidad de esa acción, el malestar por la intervención continuaba.
En esa operación realizada por agentes federales fueron detenidos cuatro miembros de la Policía asignada al Legislativo, y entre ellos el jefe de ese organismo interno, Pedro Ricardo Araújo Carvalho, hombre de la mayor confianza de Renán Calheiros, presidente del Senado.
La acción judicial se produjo por la acusación de que esos cuatro agentes intentaron “obstaculizar” las investigaciones contra parlamentarios salpicados por el megaesquema de corrupción montado en la estatal petrolera Petrobras, caso conocido como el Petrolão.
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