La Sala Penal de la Corte no hizo lugar al hábeas corpus genérico planteado por la defensa de Oscar Adrian Monges, empresario sospechoso de estar ligado al presunto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña. En lo medular del planteamiento anteriormente citado, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, explica en su preopinión que dicho recurso se fundamenta en el […]
La Sala Penal de la Corte no hizo lugar al hábeas corpus genérico planteado por la defensa de Oscar Adrian Monges, empresario sospechoso de estar ligado al presunto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña.
En lo medular del planteamiento anteriormente citado, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, explica en su preopinión que dicho recurso se fundamenta en el tiempo que el procesado lleva bajo prisión preventiva hace más de tres años y seis meses, a la espera de la realización de la audiencia preliminar, cuya demora impide el estudio de planteamientos tendientes a obtener su libertad. “Refirió que dicha situación afecta gravemente al citado acusado, por tratarse de una forma de restricción al debido proceso, lo que constituye violencia psíquica y moral. Solicitó que se haga lugar a la garantía...
En respuesta, el alto magistrado manifiesta que las controversias sobre asuntos procesales como los cuestionamientos tendientes a demostrar lo injustificado de la privación de libertad por supuestas falencias del procedimiento, “no pueden ser resueltos a través del hábeas corpus genérico, debido a que estos incumben al juez propio de la causa, respecto de cuyas resoluciones –en caso de existir agravios– podrán ser recurridas por los medios legales determinados en la Ley penal de forma.”
“El hábeas corpus está previsto para corregir arbitrariedades que afectan directamente a una persona y que no admiten dilaciones, requiriendo una especial atención del órgano jurisdiccional. Empero, cabe reiterar, no debe ser considerada un medio para cuestionar asuntos procesales ni impugnar resoluciones judiciales. Es decir, no puede erigirse en una vía revisora de fallos o decisiones que corresponden a órganos jurisdiccionales con competencia atribuida por la Ley en materia penal.”
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