La misión ineludible de todo Estado moderno debe apuntar a garantizar que cada uno de sus ciudadanos tenga acceso a condiciones de vida que garanticen un desarrollo digno de la persona.
Alimento, techo, vestimenta, atención de la salud, educación y trabajo deben ser objetivos primarios para cada Gobierno que, a su tiempo, se ocupe de la administración de la cosa pública. A ese compromiso debe atender su política de ingreso mínimo cuidando que el mismo sea coherente con el verdadero costo de vida básico, evitando desfasajes que atenten contra el deterioro de la calidad de vida de la población. En términos generales, todo lo antedicho debe englobarse en el capítulo de política social que no debe faltar en ningún gobernante, sea cual fuere su orientación ideológica.
De allí en más, cada edición del plan nacional de desarrollo a que obliga la Constitución en su artículo 177, debe apuntar casi obsesivamente a la formación de capital humano como método para elevar la calidad del empleo y, por ende, del ingreso. La versión 2030 de dicho plan, puesto en marcha el 16 de diciembre de 2014, señala lo siguiente en el capítulo destinado a competitividad: “A nivel mundial, Paraguay se ubica en el puesto 118 dentro de 148 economías mundiales según el Índice de Competitividad Global y 109 entre 189 en el Índice DBI o Ease of Doing Business Index del Banco Mundial....
Hoy, las empresas que están en plan de instalarse en el país –ya sean de capital local o extranjero- tienen dos caminos para integrar sus plantas fijas de personal: “robarlo” a otras empresas ofreciéndoles remuneraciones imposibles de superar; o bien, como está haciendo la mayoría, capacitar a sus candidatos en mano de obra calificada, “competencias blandas” (soft skills) y mandos medios, procesos que deben incluir en sus costos de arranque para garantizar un piso de productividad sobre el cual crecer. Erróneamente, a veces, se sale a ofrecer al Paraguay como el país de la mano de obra...
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