Las fuerzas políticas independentistas han anunciado su intención de utilizar las instituciones de la Generalitat para realizar un referéndum de secesión en septiembre de 2017. La propuesta es un paso más en el estéril y frustrante camino iniciado hace cuatro años, cuando el Presidente Mas decidió, en un grave abuso de poder, poner todos los recursos a su alcance para forzar la creación de un nuevo Estado. El empeño siempre fue vano, pero ninguna sociedad permanece indemne, y menos en tiempos de crisis, a la embriagadora apelación a comenzar todo de nuevo. Por suerte la sociedad catalana y española en su conjunto han demostrado ser maduras, y, en general, han logrado resistir la tensión y las políticas divisorias de un poder público, el de la Generalitat, que parece haber dejado de servir a los intereses del conjunto de la población y sin duda ha olvidado el sentido de la palabra pluralismo.
Es evidente, por tanto, que el soberanismo porfía. En lugar de abrirse a la posibilidad de lograr acuerdos justos y sensatos, prefiere consumir las energías de todos nosotros y mantener viva la llama de un proceso soportado en los hombros de una minoría –amplia pero minoría– activa y persistente. Ante tal insistencia, me encuentro en el deber y responsabilidad de reiterar que la secesión es inviable. Lo es, primeramente, desde un punto de vista legal. No hay ninguna Constitución democrática en el mundo que reconozca el derecho de autodeterminación (salvo la de Etiopía y la de San Cristóbal...
Por último, es doctrina asumida y pacífica del derecho internacional que la regulación de la autodeterminación prevista por la ONU está exclusivamente pensada para situaciones coloniales y de grave violación de los derechos fundamentales, supuesto que es inaplicable a un país democrático y de trazas federales como es España.
Todo esto lo saben las fuerzas independentistas, pero fantasean con provocar escenarios irredentos en los que la fuerza normativa de los hechos desborde los diques de la legalidad constitucional, comunitaria e internacional. Siento desanimarles también en este empeño. España es una democracia consolidada, con una fortaleza institucional indudable. Como recordó no hace mucho tiempo un ministro de Interior socialista, quien le echa un pulso al Estado, pierde. Tampoco es nuestro país una URSS ni una moribunda Yugoslavia. Muy al contrario: es un destacado miembro y contribuyente de Naciones...
Pero no debemos quedarnos tan solo en los aspectos legales. Se hace necesario también insistir en la falta de lo que podríamos llamar la moralidad democrática del proyecto impulsado por los independentistas. Porque se hace difícil aceptar que todo consista en repetir consultas ilegales y elecciones autonómicas hasta que el resultado sea el esperado por los proponentes. Y porque no resulta moralmente aceptable que en pleno siglo XXI, cuando todos los debates democráticos giran en torno a cómo garantizar la inclusión de las diferencias, se esté debatiendo en Cataluña sobre cómo separar...
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