El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos ratificó la prisión preventiva de Roberto Garcete, vicepresidente del Club Resistencia, imputado por lavado de dinero, usura, entre otros hechos punibles.
La defensa alegó que “no existe una relación lógica entre lo resuelto, las peticiones de las partes y las pruebas presentadas por el Ministerio Público porque la sola declaración de una persona no resulta suficiente para calificar provisoriamente la conducta de Roberto Damián Garcete como usura, lavado de dinero, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal”, motivo por el cual apeló la prisión preventiva.
El camarista Arnulfo Arias, preopinante, expuso en su voto que en la decisión el A-quo expuso sobradamente los motivos de su decisión, cumpliendo con los requerimientos del Art. 125 del C.P.P. y en consecuencia, al encontrar indispensable la prisión, esta debe ser mantenida, hasta tanto resulte necesaria para la investigación, debiendo cesar, al dejar de cumplir sus fines, cuando se podrá revisar nuevamente sobre su vigencia, o en el plazo previsto en el Art. 250 del C.P.P., voto al cual se adhirió el camarista Arnaldo Fleitas, mientras que la Dra. Andrea Vera votó por declarar inadmisible.
El Sr. Britos y sus hijas en momento alguno recibieron la supuestas sumas señaladas en la escritura en concepto de compraventa G 300.000.000 o G 1.500.000.000, pues ellos no han consentido ese acto de compraventa, como tampoco han accedido a copia del documento firmado por las Sras. María Laura y Rossana Britos.
El día 26 de noviembre de 2014, Roberto Garcete se habría comunicado con el Sr. Britos a quien convocó a una reunión para el día 27 de noviembre de 2014, en una oficina ubicada en la calle Yegros entre Cerro Corá y 25 de mayo, ciudad de Asunción, piso 10, Edificio BBVA, lugar hasta el que concurrió el Sr. Britos acompañado de sus hijas María Laura y Rossana, donde pudieron advertir en ese momento que el lugar era oficina de Ramón González Daher, quien inmediatamente se dirigió a ellos y les impuso un plazo de treinta días para que desalojen su vivienda que había sido objeto de garantía del...
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