El Tribunal de Apelación, Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala confirmó la condena a Miguel Ángel Armando Vera, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Caaguazú, y Héctor Torales a dos años de cárcel por tráfico de armas. La postura del Dr. José Waldir Servín como […]
El Tribunal de Apelación, Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala confirmó la condena a Miguel Ángel Armando Vera, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Caaguazú, y Héctor Torales a dos años de cárcel por tráfico de armas.
La postura del Dr. José Waldir Servín como preopinante apunta que el Tribunal de Sentencia ha llegado al descubrimiento de la verdad en la etapa que le correspondía estudiar la causa en razón de que se ha procedido a la recepción de las pruebas ofrecidas, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 387 del Código Procesal Penal. En este sentido, se han recepcionado las pruebas testificales, documentales y otros medios de pruebas ofrecidas. El Tribunal A-quo ha interpretado y valorado el plexo probatorio exponiendo su motivación de modo coherente sin violentar las reglas de la sana crítica,...
Con relación al agravio de los recurrentes en relación a la supuesta incorrecta interpretación de la modalidad de “Traficar”, es dable destacar que la Ley n°4036/10 en su art. 8.a define al Tráfico ilícito, entre otras modalidades, como la Importación de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, Municiones, Explosivos, Accesorios y Afines, por lo que se constata que efectivamente la interpretación del Tribunal Aquo de encuadrar la conducta de los acusados dentro de la modalidad señala fue tomada correctamente por este Tribunal Ad-quem.
“En la sentencia recurrida se expresan las razones jurídicas que el Tribunal A-quo ha tenido en cuenta para resolver la cuestión planteada, como así también la certeza de la autoría y responsabilidad de los acusados, incorporando los hechos que influyeron en la decisión, por lo expuesto no existe fundamentación insuficiente, contradictoria ni arbitraria en la resolución recurrida”, expresa la preopinión con adhesión de Bibiana Teresita Benítez.
Leer la nota completa en El Observador