El ejercicio abusivo del derecho para dilatar los procesos habilita al juez a revocar las medidas y en consecuencia enviar a prisión a los procesados chicaneros. Así señala el fallo de un Tribunal de Apelación que allana el camino para que políticos acusados por corrupción y otros peces gordos sean remitidos a la cárcel por la falta de sometimiento a la justicia. También se debe sancionar la evidente mala fe.
El Código Procesal Penal, en su artículo 112 hace referencia a la buena fe y dice que “las partes deberán litigar con buena fe, evitando planteos dilatorios y cualquier abuso de las facultades que este código les concede”. El 113 del mismo cuerpo legal (Poder de disciplina) señala que “los jueces velarán por la regularidad del litigio, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe”. A esto se suman otras disposiciones legales como el Código Procesal Civil y la Acordada N° 961/15, que guardan relación con las facultades disciplinarias de los jueces y tribunales, que son...
Sin embargo, lo que establecen, tanto los código Procesal Penal y Civil, la mencionada Acordada y otras disposiciones legales, son totalmente ignoradas por los jueces, quienes permiten que los procesados y sus defensores atenten contra la buena fe y el normal desarrollo del proceso.
El Tribunal de Apelación en lo Penal de Asunción, Cuarta Sala, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Carlos Ortiz Barrios, dejó un importante precedente para obligar a los chicaneros a que se sometan al Poder Judicial, como obliga la ley.
En el Auto Interlocutorio N° 168 del 26 de junio de 2017 en la causa “Recusación planteada por el abogado Rubén Villalba contra el juez Alcides Corbeta; en la causa: Rubén Villalba Ibarra s/ cohecho pasivo agravado”, los camaristas señalaron que las obstrucciones al proceso por parte del encausado habilitan al juez a revocar las medidas que le fueron otorgadas en su momento.
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