Los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez revocaron la providencia por la cual el juez Miguel Palacios admitió la imputación contra el senador Hernán Rivas y la resolución por la que el magistrado ratificó su decisión. Señalaron, por segunda vez, una supuesta deficiencia de la imputación, que, según ellos, “amerita el […]
Los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez revocaron la providencia por la cual el juez Miguel Palacios admitió la imputación contra el senador Hernán Rivas y la resolución por la que el magistrado ratificó su decisión. Señalaron, por segunda vez, una supuesta deficiencia de la imputación, que, según ellos, “amerita el control”, esta vez, de la Fiscalía General “a fin de que proceda a salvar satisfactoriamente los puntos objetados”. Sin embargo, desde el Ministerio Público la decisión del Tribunal de Apelaciones se ve como obstrucción al progreso del proceso...
El camarista José Agustín Fernández apuntó que tanto el juez Palacios, como el Ministerio Público hicieron caso omiso a lo señalado por la Cámara, en su decisión anterior. En el caso de la Fiscalía, dice que no ha corregido los errores procesales señalados, sino más bien, se limitó a justificar las actuaciones realizadas en el acta de imputación que fue presentada. Añadió que el juez admitió la imputación, incurriendo “en el mismo defecto procesal”.
“Estamos ante un caso de aplicación de la ley procesal de manera segregada y parcial, con respecta a la mención y aplicación únicamente del artículo 302 del Código Procesal Penal, en desmedro de la interpretación sistemática de las normas constitucionales y legales, como se había señalado anteriormente”, dijo Fernández.
Apuntó, por otro lado, que la fiscala Patricia Sánchez tuvo una actitud ambivalente y dubitativa, durante la audiencia de reposición de la providencia por la cual se admitió la imputación, al señalar que corresponde agotar todos los alcances que dispone el artículo 314 del Código Procesal Penal y que el Acta de Imputación en cuestión sea nuevamente objeto de control por el Fiscal General del Estado.
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