Cajubi podrá embargar bienes y activos por USD 17 millones de empresas demandadas | .::Agencia IP::.

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Asunción, IP.- La Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipu Binacional (Cajubi) procederá al embargo de bienes y activos de las personas y empresas demandadas por un monto total de 21,6 millones de dólares canadiense (unos 17 millones de dólares americanos), conforme a la sentencia favorable dictada por la justicia canadiense. El presidente de la Cajubi, Julio Romero Sánchez, explicó que la demanda fue de 34 millones de dólares canadienses, en el ámbito Civil y Comercial de la jurisdicción de Canadá, con la intención de recuperar los fondos irregularmente remesados entre los años 2006 y 2009, a personas y empresas constituidas en aquel país, en supuestas inversiones financieras.

Asunción, IP.- La Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipu Binacional (Cajubi) procederá al embargo de bienes y activos de las personas y empresas demandadas por un monto total de 21,6 millones de dólares canadiense (unos 17 millones de dólares americanos), conforme a la sentencia favorable dictada por la justicia canadiense.

El juez de la Corte Superior de Justicia de Toronto – Ontario (Canadá) emitió finalmente su sentencia, reconociendo la plena razón y el derecho de la previsional a embargar los bienes y activos de las personas y empresas demandadas, entre quienes se encuentran Eduardo García Obregón, su esposa Claudia Santisteban de García y su socio comercial Anthony Duscio.

La sentencia de la justicia canadiense se emite una semana después de que la Cajubi haya logrado recuperar 6,5 millones dólares americanos, correspondientes a la maduración de una Póliza de Vida emitida en el exterior, en otra supuesta inversión totalmente irregular, con fondos de la mencionada previsional.

El presidente de la Cajubi, Julio Romero Sánchez, explicó que la demanda fue de 34 millones de dólares canadienses, en el ámbito Civil y Comercial de la jurisdicción de Canadá, con la intención de recuperar los fondos irregularmente remesados entre los años 2006 y 2009, a personas y empresas constituidas en aquel país, en supuestas inversiones financieras.

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