Tras la insólita reducción de pena y concesión de arresto domiciliario de Víctor Bogado Núñez, uno de los vaciadores de Cajubi condenado a 14 años de cárcel, la querella solicitó que la Corte Suprema de Justicia intervenga el Juzgado de Ejecución.
El abogado representante de las víctimas, Rafael Fernández, dijo que ni la querella ni la Fiscalía fue notificada de la audiencia del pasado 28 de enero, realizada en plena feria judicial, en la cual la ahora exjueza de ejecución Lourdes Scura Dendi benefició a Bogado con la prisión domiciliaria tras cumplir solo tres años de los 14 a los que fue condenado, además de reducir 183 días de redención de su condena, por buena conducta.
Fernández expuso que incluso ese mismo día el expediente fue remitido a Ciudad del Este y por noche el condenado ya estaba en su domicilio.
“Fueron cinco años de estudio jurídico. La Corte ratificó la condena y la prisión, pero una simple jueza de Ejecución reduce la condena y le da la libertad a un condenado a 14 años de cárcel”, reclamó.
A su criterio, esta resolución desata un “olor profundo a corrupción que se debe investigar”, ya que la jueza que benefició al condenado, se jubiló solo tres días después.
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