Desde su función de procurador general dictaminó a favor de personas que, según denuncia de la Fiscalía, cobraron indebidamente indemnizaciones, violando disposiciones legales y falseando datos.
Este hecho, según investigación del Ministerio Público, salpica al actual contralor Enrique García, quien en su carácter de procurador general habría sacado dictámenes favorables en contravención a la ley. Es decir, supuestas víctimas de la dictadura stronista cobraron sumas millonarias por indemnización.
Uno de los casos es el de Evelio Allende Villagra, quien fue vinculado a un atropello a la propiedad privada en Capiibary. Pero García obvió este hecho y dictaminó a su favor el 21 de setiembre de 2011, por lo que cobró 188 millones de guaraníes (ver facsímil). También hizo lugar al dictamen peticionado por la Defensoría del Pueblo en lo que respecta a Carmelo Zárate Vera, quien cobró 75 millones de guaraníes supuestamente adulterando documentos para hacer figurar que sus padres Cipriano Zárate Contrera y Aurelia Vera de Zárate fueron víctimas de la dictadura.
Ambos fueron indemnizados con 1.000 jornales, por el ex defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges, según se puede apreciar en las resoluciones 315/06 y 584/08, solo en base a testimonios; sin hábeas data.
En lo que respecta a sus otros hijos, Braulio Zárate Vera, José Cristhian Zárate Vera y Liliana Raquel Zárate Vera también cobraron 75 millones cada uno, a pesar de que –en este caso– hubo un dictamen en contra de la Procuraduría General de la República, de carácter vinculante.
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