Varias voces se alzan a favor del juicio político a Santiago Peña por todo cuanto se publica, documentadamente, sobre sus multimillonarios negocios. El constitucionalista, Hugo Estigarribia –exconvencional constituyente, exparlamentario- posteó: “Negocios privados vs. Interés público. Peña, atrapado en conflicto de intereses, debe ser objeto de juicio político sin importar que no se obtenga, ahora, los votos en Diputados. La oposición debe iniciar el proceso por la institucionalidad de la República”. A continuación, cita los artículos 225 y 237 de la Constitución Nacional que avalan el pedido.
Cada día se publican nuevas pruebas que involucran a Peña en actividades financieras, incompatibles con sus funciones. Leamos algunos de los titulares del diario ABC Color: “Exsocios de Santi acaparan G. 2,5 billones del Estado”; “Peña favoreció con plata estatal a firma vinculada a su hermano” “El mismo dìa ambos llamativamente se desligaron del grupo”; “Peña vende acciones tras denuncias de negocios públicos con sus socios”.
En la bajada se lee: “Presidente de la República tenía acciones en ueno Holding por G. 6.144 millones. Ofuscado, confirma venta y arremetió contra ABC”; “Situación de presidente colisionaba con la Constitución Nacional y ley de conflicto de intereses. Incluso, podría configurar causal de juicio político”. Todas estas noticias –y otras muchas sobre el mismo tema- están debidamente documentadas.
Salieron por ahí algunos cartistas a decir que no cabe el juicio político porque se trata solamente de informaciones periodísticas. Es cierto. Pero dejaran de ser solo mediáticas si el Fiscal General del Estado decide averiguar la veracidad de las noticias. La opinión pública tendría más elementos de juicio. El diario prueba sus noticias con abundantes documentos. Santiago Peña las niega sin demostrar sus afirmaciones. Se limita a insultar a igual que otros cartistas.
El tema es demasiado serio como para andar por las ramas. Están en juego la credibilidad y la honestidad del presidente de la República. Sin tales valores la democracia se debilita. El país necesita creer en sus autoridades. En un país serio nadie se presenta a competir en unas elecciones con la intención perversa de hacerse del dinero público en provecho propio. Y si lo hace, recibe el merecido castigo judicial y político. Entre nosotros, se los premia pese a un claro mandato constitucional y la obligación ética de no amparar delitos.
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