Tras presentar siete chicanas jurídicas, el candidato a presidente del PLRA, el imputado Enrique Salyn Buzarquis, se declaró ayer víctima de persecución política ante la Comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Cámara de Diputados. Afirma que el actual ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, manipula su juicio. Pide ser sobreseído tal como ocurrió con los “alquileres de oro” del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Buzarquis acudió al Congreso y ahí se reunió con la diputada Olga Ferreira (independiente), titular de la Comisión de DD.HH. Acompañado por diputados liberales que apoyan su lista, denunció supuestas irregularidades en el proceso judicial que afronta por un presunto perjuicio económico al Estado de US$ 600.000, siendo ministro del MOPC en el 2012 (durante el gobierno de Federico Franco).
Buzarquis afirmó que no cuenta con las garantías procesales porque la justicia se maneja a “control remoto” de manera politizada.
Ante una consulta acusó a Jiménez Gaona de ejercer presión. Dijo que el ministro le adjudicó a su padre la ampliación de las rutas II y VII, durante 30 años, para embolsarse unos US$ 200 millones. “Pero nadie dice nada de eso”, lamentó.
Buzarquis expresó que tenía que ser sobreseído tal como sucedió en el caso “cocido de oro” en el MEC.
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