Los salarios de los funcionarios públicos y sus derechos adquiridos funcionan -aquí y en el resto del mundo- como una referencia habilitadora de reivindicaciones, exigencias, demandas y luchas en pos de la mejora de la vida de todos los trabajadores, públicos y privados. El rubro de restaurantes, bares y cafés pasa por una crisis enorme, […]
Los salarios de los funcionarios públicos y sus derechos adquiridos funcionan -aquí y en el resto del mundo- como una referencia habilitadora de reivindicaciones, exigencias, demandas y luchas en pos de la mejora de la vida de todos los trabajadores, públicos y privados.
El rubro de restaurantes, bares y cafés pasa por una crisis enorme, porque si bien pudieron volver a abrir en esta etapa 3 de la “cuarentena inteligente”, la realidad es que todavía no recuperaron el dinamismo prepandémico.
En los últimos días salieron a la luz en redes sociales una gran cantidad de testimonios de trabajadores de dicho sector, quienes están sin empleo, y, por lo tanto, sin miedo ya a ser despedidos. Así, aprovecharon para contar sus experiencias de maltrato, crueldad, inhumanidad, falta de cumplimiento de pago, descuentos compulsivos, trabajo informal no registrado, y un sinfín de actos de explotación laboral por parte de sus empleadores.
Además de que esto es una noticia en sí misma -que desnuda la falta de políticas públicas de las autoridades y su incapacidad para regular el mercado laboral conforme a las leyes vigentes- los relatos de estas situaciones llamó mucho la atención porque, justamente, los “emprendedores” del rubro estuvieron, desde el comienzo de la cuarentena, reclamando al Estado soluciones ante sus problemas. Estos empresarios gastronómicos se instalaron como supuestos portavoces de una ciudadanía investida de superioridad moral, contra un Estado asociado de manera absoluta al mal.
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