El caso “G.A.T. sobre medida judicial” es uno de esos en que la diligencia y la buena voluntad se ven anuladas por la negligencia y la burocracia de las instituciones públicas. En esta causa se busca desde el año 2014 una manera de resguardar los derechos a la salud de una bebé de 6 meses, cuya madre –una adolescente de 17 años– la utiliza para recaudar limosnas, mientras limpia vidrios en España y General Santos, Asunción.
Ni bien nació, la niña tuvo que recibir una transfusión de sangre debido a una enfermedad que le transmitió su madre. A los 6 meses la criatura ya era vista a diario con su madre en España y General Santos, motivo por el cual educadores del programa Abrazo de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) se acercaron a ofrecerle dejar a la niña en la guardería del Centro de Protección mientras trabaja, propuesta rechazada por la joven, según acta del 3 de julio del 2014.
La situación fue informada a la Defensoría de la Niñez el 11 del mismo mes, tras lo cual la defensora Marina Soerensen solicitaba un estudio socioambiental del hogar de la adolescente, el cual fue elaborado en setiembre del mismo año por la trabajadora social Natalia Medina, quien reporta internación de la nena por vómitos y diarrea.
A fines de setiembre de 2014, la defensora denuncia la situación de la criatura y solicita a la jueza comisionar al programa Abrazo para la obtención de un lugar de abrigo para la niña y a la Dirección de Protección Especial (Diproe) para efectuar las diligencias necesarias para llevar adelante el tratamiento integral del caso, con miras a una posible inserción de la infante en familia ampliada.
Con el AI N° 432 del 3 de octubre del 2014, la jueza Graciela Rolón inicia la acción y dispone la remisión de oficios al programa Abrazo y a la Diproe en el sentido solicitado por la defensora de la Niñez. Hasta ahí, todo bien. Lo que pasó a partir de esta fecha es algo difícil de entender.
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