El terrible incendio que se desató el viernes pasado en un sector de la Chacarita, arrasando con precarias viviendas de cerca de un centenar de familias humildes, afectando también al histórico edificio del Cabildo de Asunción, puso nuevamente de resalto, además de la gran imprudencia en el manejo de artefactos de pirotecnia, la situación de precariedad, de hacinamiento y del populismo político que permite la ocupación de espacios públicos, sin brindar respuestas de fondo a los problemas de la marginalidad social, pobreza y falta de viviendas. La catástrofe de la noche de Navidad debe llevar a encarar con más seriedad una carencia que se arrastra desde hace décadas, ante la indolencia de autoridades municipales y del Gobierno central, alimentada por la voracidad electoral sin escrúpulos de la mayoría de los políticos.
La titánica acción de los bomberos logró contener el fuego en horas de la madrugada, evitando males mayores, pero cerca de un centenar de familias perdieron lo poco que tenían y una parte de las instalaciones del Centro Cultural de la República El Cabildo resultó gravemente dañada, principalmente zonas de oficinas y la sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica del Congreso, aunque las autoridades aseguran que el principal edificio patrimonial y el acervo cultural están a salvo.
Son muchas las consideraciones que se pueden formular tras lo ocurrido.
La principal es la falta de respuestas más de fondo a los problemas de la marginalidad social y la pobreza, específicamente de la falta de viviendas y oportunidades laborales dignas para un amplio sector de la población. Aunque en los últimos años se han llevado a cabo algunos programas de reubicación de los pobladores del cinturón de pobreza que rodea al corazón histórico de la ciudad, lo realizado resulta insuficiente ante la magnitud del drama.
Se evidencia la indolencia de autoridades municipales y del Gobierno Central, alimentada por la voracidad electoral sin escrúpulos de la mayoría de los políticos, al permitir que familias humildes ocupen espacios públicos, plazas y entornos de edificios de gran valor histórico como el Cabildo, el Congreso, la Catedral Metropolitana y el mismo Palacio de Gobierno, anulando la potencialidad turística y creando focos de inseguridad para los mismos ciudadanos.
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