Investidos del poder que les confieren los votos, personas vinculadas al crimen organizado en sus distintas facetas, gobiernan desde tiempos inmemorables la República del Paraguay, un país con ex autoridades significativamente corruptas, las menos, presas, y las más, con la intención de recuperar cargos públicos.
No es poca cosa. Esta es la octava oportunidad de elegir a nuestras autoridades nacionales desde que en 1.989 se puso fin a la dictadura de Alfredo Stroessner. Varios de su entorno siguen en el poder, aún hoy a cargo del “glorioso” Partido Colorado tras un breve lapso de cinco años de gobierno opositor, marcado de todas maneras por antiguas artimañas políticas.
También emulando al stronismo se han aplomado los gobiernos prebendarios, que sirven a los intereses de las mafias y de los clanes familiares, que utilizan cargos públicos para enriquecerse mediante oscuras maniobras.
Varias personas que hoy tienen el descaro de candidatarse nuevamente a cargos públicos, tienen nefastos antecedentes. Horacio Cartes quiere ser presidente de la ANR y está declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos. Investigaciones periodísticas y de organismos de seguridad dan cuenta de que los cigarrillos que fabrica se fusionan directamente con el crimen organizado.
De su mano, Santiago Peña quiere ser presidente de la República. Él era ministro de Hacienda cuando se cerró trato con la empresa Mota Engil para lo que fue el mayor fiasco de la era Cartes: el proyecto Metrobus.
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