Bonos gate - Edicion Impresa - ABC Color

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La reforma constitucional argentina de 1994 prevé la acción declarativa de certeza constitucional en el art. 43, en un proceso que respeta en la práctica el debido proceso, el contradictorio, el principio de bilateralidad, llevado ante magistrados imparciales e independientes. El artículo 259 de la Constitución de Paraguay establece las atribuciones de la Corte y no incluye tal figura. El ministro de Hacienda alegando notoria incertidumbre y peligro de “frustración” de los títulos de deuda pública, promovió ante la Corte una declaración de certeza inexistente en la CN y contraria al debido proceso consagrado en sus artículos 16 y 17.

El inciso c) artículo 52 del Código Procesal Civil condena el fraude procesal, esto es, la utilización del proceso para conseguir un fin, objeto, o beneficio ilícito. El ministro de Hacienda abrió un proceso ante la Corte respecto del artículo 202 numeral 10) de la Constitución, esto es, respecto a la atribución privativa del Congreso de rechazar o aprobar empréstitos, pretendiendo usurpar atribuciones en violación de los artículos 137 y 138 de la Constitución. Este fraude procesal para contraer empréstitos sin asegurar una legal, expresa, y transparente aprobación legislativa como prevé el...

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ratificada por Ley 2535/05 de la República del Paraguay exige al Estado paraguayo procedimientos e informaciones transparentes en materias de presupuesto y hacienda pública. El artículo 9 numeral 2) de la Convención exige al Estado adoptar medidas para “promover” la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Entre otras, la adopción de medidas para la aprobación del presupuesto nacional –y la observación leal de las mismas, desde luego–, y la adopción de medidas correctivas para cumplir el...

Esta emisión que el propio Estado paraguayo confiesa es incierta y peligrosa, exigirá al Estado el pago de no-competitivas tasas y elevadas comisiones, respecto de una colocación en moneda norteamericana y bajo las regulaciones de NY, EE.UU. Consecuentemente, estará bajo la jurisdicción del Estado Norteamericano y potencialmente aplicable el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), para investigar las altas comisiones y todas las circunstancias de una emisión de bonos ilegales.

En noviembre de 2015, el Standard Bank tuvo que pagar un total de 36.9 millones de dólares al Security and Exchange Commission (SEC) de los EE.UU. y al U.K.’s Serious Fraud Office (Oficina de Fraude del Reino Unido) por pagos irregulares a una firma privada de Tanzania, relacionados a la emisión de bonos soberanos de Tanzania.

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