Ayer, martes, un joven perdió la vida de forma trágica sobre la avenida De la Victoria, en Reducto. Según testigos, el bus al servicio de la Linea 6 estaba en movimiento y repleto de pasajeros cuando el hombre de 35 años de edad cayó por la puerta trasera que estaba abierta y su cabeza golpeó […]
Ayer, martes, un joven perdió la vida de forma trágica sobre la avenida De la Victoria, en Reducto. Según testigos, el bus al servicio de la Linea 6 estaba en movimiento y repleto de pasajeros cuando el hombre de 35 años de edad cayó por la puerta trasera que estaba abierta y su cabeza golpeó contra el cordón de la vereda, provocándole la muerte casi de manera instantánea. Este hecho no puede pasar como una estadística más: es el resultado directo de la inacción y permisividad de las autoridades municipales competentes.
No es un caso aislado. La sensación de que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia de este tipo o incluso donde más personas pierdan la vida es un temor cotidiano para gran parte de la ciudadanía que utiliza los transportes internos y quienes se cruzan en el camino de éstas verdaderas bombas de tiempo. Los buses circulan con las puertas abiertas ante la vista y paciencia de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Y entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se ordena controlar y sancionar esta práctica prohibida por ley? ¿A quién o a quiénes se les tiene miedo?
La responsabilidad directa recae sobre el conductor, sí. Pero también es compartida por las autoridades que permiten que este tipo de infracciones se conviertan en la “normalidad”. Si la puerta hubiese estado cerrada, hoy no estaríamos lamentando la pérdida de una joven vida.
Las autoridades municipales tienen el deber —y la obligación legal— de responder preguntas que no pueden seguir evadiendo:
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