El titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, presiona para que se modifique una sentencia firme y ejecutoriada que salió a favor de campesinos de Barbero Cué seis meses atrás.
En la misiva explican que el juzgado dictó la Sentencia Definitiva Nº 47 del 21 de febrero de 2017 haciendo lugar a la acción de amparo promovida por los campesinos de Barbero Cué, y en consecuencia prohibió la realización de cualquier acto, suspender la realización de los trabajos de fraccionamiento del inmueble, y en especial la expedición de títulos nulos por el Indert.
Esta sentencia es la que la institución rural pretende que sea revocada, a fin de expedir títulos de propiedad –en plena campaña política– sobre apenas unas 14.090 hectáreas, cuando que Barbero Cué en realidad tiene 17.343 hectáreas.
Los representantes legales de los campesinos señalan en el escrito que el Indert podría “perjudicar los intereses legítimos de los campesinos sobre la finca N° 231 padrón N° 682 de San Pedro de Ycuamandiyú en violación al tratado bilateral entre Italia y Paraguay ratificado por ley de la nación”. “La inminencia de la entrega de estos títulos nulos no tiene otro procedimiento para evitarlo sino por la urgencia del caso solo por el amparo. El Indert pretende imponer una mensura hecha en cuatro paredes, hecha para favorecer a ganaderas en perjuicio de un tratado internacional vigente”, dice...
Agrega que la injerencia política sobre una cosa juzgada se traduce en la falta de respeto y a la no subordinación del ente rural a lo resuelto en la esfera judicial. “(...) se debe respetar la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso y no querer utilizar argumentos baladíes y plantear nuevas controversias sobre el objeto ya sentenciado”, expresan los letrados.
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