Dirigentes de un gremio de jubilados de los bancos solicitan al Ministerio Público celeridad para imputar a los responsables de un supuesto desfalco estimado en unos G. 401.300 millones, perpetrado a través del montaje de una “financiera” que estaba encargada de conceder préstamos ventajosos a los asociados del Centro de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, que habría sido perjudicada patrimonialmente.
La denuncia de la presunta lesión de confianza, lavado de dinero y estafa se presentó en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción el 28 de febrero pasado, y sucesivas recusaciones a agentes fiscales por parte de los investigados por el fraude paralizaron las pesquisas.
Inicialmente, la causa recayó ante el fiscal Martín Cabrera, pero luego, tras la recusación por parte del gerente general de la Caja de Jubilaciones y pensiones Bancarios, César Rodrigo Amarilla, la investigación pasó a la unidad del fiscal Hernán Galeano, quien igualmente fue recusado, así como sus colegas Claudia Morys y el fiscal adjunto Federico Espinoza.
La carpeta fiscal la tiene actualmente la fiscala Victoria Acuña, de quien espera realice las diligencias que correspondan para dilucidar los hechos denunciados.
Según un informe de auditoría, la empresa Karaku SRL, encargada de conceder préstamos a los afiliados de la Caja Bancaria, movió en el sistema financiero, en particular, con esta institución de los jubilados, en un lapso de 6 meses, la suma de G. 13.000 millones, refiere la denuncia presentada ante la Fiscalía.
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