La Cámara de Senadores cerró el año legislativo aprobando el acuerdo constitucional para la promoción de altos mandos de la Policía Nacional, en una sesión marcada por fuertes objeciones políticas y dudas sobre la solidez del proceso de evaluación.
La decisión generó un nuevo foco de polémica en torno a los criterios utilizados para habilitar los ascensos y al rol del Ministerio del Interior en la provisión de información clave al Parlamento.
El tratamiento del tema estuvo atravesado por un debate intenso, con cruces entre oficialismo y sectores críticos que advirtieron sobre la falta de garantías suficientes para evaluar la idoneidad de algunos de los oficiales promovidos. Legisladores señalaron que el procedimiento avanzó sin contar con todos los elementos necesarios, especialmente en lo referido a los antecedentes administrativos y disciplinarios de los candidatos.
Uno de los puntos más cuestionados fue la utilización del polígrafo como filtro determinante en el proceso. Mientras desde el Ejecutivo y sus aliados defendieron la herramienta como un mecanismo válido de control, varios senadores pusieron en duda su valor técnico y jurídico, alertando que se convirtió en un sustituto de evaluaciones más profundas sobre la trayectoria y conducta de los comisarios.
Durante la discusión, se insistió en que no fueron remitidos al Senado legajos completos de aquellos oficiales que no superaron determinadas instancias del proceso, información que, según los críticos, resulta esencial para un análisis responsable antes de otorgar promociones de alto rango. La ausencia de esa documentación fue interpretada como una señal de apuro y de escasa transparencia en la gestión del trámite.
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