La Ley 5655/16, promulgada ayer, habilita al IPS a invertir a partir de ahora hasta el 40% de la renta de sus fondos jubilatorios en la construcción de hospitales. Al año, el préstamo posible entre fondo y fondo no bajaría de los US$ 60 millones y en mejores condiciones hasta se duplicaría esa suma, según fuentes técnicas y administrativas de la entidad, que coinciden en que este recurso legal es un auxilio oportuno y necesario para que se no se hunda el sistema del seguro en salud.
La nueva ley otorga tres auxilios importantes en materia de posibilidades de recursos al sistema del seguro en salud, que hoy está sobrepasado totalmente. En primer lugar, establece que, en caso de que el Estado pague (hasta ahora nunca lo hizo) el aporte que le corresponde (1,5% sobre todo lo que pagan los asegurados), casi el 40% irá a los fondos de salud.
Las fuentes explicaron al respecto que en la carta orgánica había una confusión al respecto, pues los Arts. 23 y 24, por ejemplo, destinaban ese aporte estatal (teóricamente) tanto a Jubilación, Salud, Administración y hasta a un Fondo de Imprevistos, sin ninguna distribución razonable.
Ciertamente, reconocen, el Estado nunca pagó, pero hay esperanzas desde que el año pasado pagara atrasos referidos a los asegurados de Educación (G. 291.000 millones). “Fue una buena señal, y ahora tenemos más motivos para gestionar el pago del aporte estatal”, dijo una de las fuentes.
En segundo lugar, la Ley 5655/16 otorga recursos legales para endurecer el control sobre la inscripción de trabajadores con el apoyo de otras instituciones públicas y además favorece de nuevo al sector de Salud al endurecer las multas y disponer que el 75% de esos ingresos deben ir al “Fondo de Enfermedad-Maternidad”.
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