Es función del Estado preservar la seguridad para que no rija la ley del más fuerte. El orden público resulta amenazado no solo por los motoasaltantes o los secuestradores, sino también por quienes buscan imponer su voluntad paralizando el país, ante la inacción de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Se cometen delitos flagrantes para someter a las instituciones y a la población, pero ni el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, ni la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, creen oportuno cumplir con sus respectivos deberes. Por si estos dos funcionarios aún no estén enterados de lo que está pasando, el propio presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, se permitió recordar que “la situación ya es crítica, económicamente hablando (...) El paro ya está generando efectos colaterales y merece atención urgente”. Aún más, amenazó con un copamiento de Asunción por sus compañeros.
Es función esencial del Estado preservar la seguridad para que no rija la ley del más fuerte. Podrá construir rutas o atender la salud y la educación de la gente, pero habrá perdido su razón de ser mientras no garantice su vida, su libertad y sus bienes. El orden público resulta amenazado no solo por los motoasaltantes o los secuestradores, sino también por quienes buscan imponer su voluntad paralizando el país ante la inacción de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Se cometen delitos flagrantes para someter a las instituciones y a la población, pero ni el ministro del Interior,...
Por su parte, la Ley Nº 5016/14 dice que “el uso de la vía pública para fines extraños al tránsito (...) debe ser previamente autorizado por la autoridad competente”, siempre que el tránsito “pueda mantenerse con similar fluidez por vías alternativas de circulación”, que se acredite que se tomarán en el lugar las medidas necesarias de seguridad para las personas y los bienes, y que los organizadores “se responsabilicen personal y solidariamente por los eventuales daños a terceros o la infraestructura vial”.
Los extorsionadores amenazan con prolongar el paro ilícito si el siempre complaciente y populista Congreso no se pone de rodillas, es decir, se proponen aumentar los ingentes perjuicios ya causados, a los que en breve podrían sumarse el desempleo y la inflación, por los graves inconvenientes que están sufriendo algunos sectores industriales y comerciales, lo que repercute en un aumento de los precios al consumidor. Si han llegado a este extremo es porque los agentes estatales se cruzan de brazos ante el delito continuo cometido para mal de quienes nada tienen que ver con el conflicto...
El Poder Ejecutivo tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la ley y el Congreso el de no humillarse ante quienes agreden a sus compatriotas, hasta ahora librados a su suerte. El Estado debe justificar su existencia, restaurando el orden público vulnerado a vista y paciencia de sus autoridades. La democracia no es sinónimo de anarquía, de modo que urge aplicar la Constitución y las normativas vigentes para proteger a la población y sancionar a sus victimarios. Por último: el ministro Giuzzio está incurriendo en dejación de funciones, de modo que debería corregirse cuanto antes o, de lo...
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