Los autoconvocados se sintieron afectados por la resolución judicial de Méndez que rechazó el pedido de reapertura de una causa por enriquecimiento ilícito contra el clan Zacarías.
Entre los denunciados se halla el senador, su esposa, Sandra McLeod, el ex gobernador Justo Zacarías Irún y su esposa, Rocío Abed, atendiendo a las 3 denuncias presentadas por los abogados Yolanda Paredes, Nicolás Russo y Miguel Ángel López, que habían sido anexadas a una denuncia anterior desestimada en el 2017.
Las publicaciones sobre inmuebles, creaciones de empresas con otros socios, aeronave, y bienes en el exterior adquiridos por los miembros del clan familiar, fueron la base para la denuncia, en la que se señala que el senador incrementó sus bienes por más de G. 10.000 millones en los últimos 13 años.
Pero el juez Marino Méndez sostiene que no se podía imputar al ex senador el hecho delictivo, ya que la doctrina del Derecho Administrativo y la Ley de la Función Pública no imputan a un asesor ad honórem como funcionario público, por lo que no podría atribuírsele el delito de enriquecimiento ilícito, según el argumento de su resolución.
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