No es nuevo, ni que sean de otros partidos políticos será noticia, ya que la politiquería de nuestro país mostró que la cosa es así. Desde antes del fin de semana se desparramaron audios internos que forman parte de un grupo del PLRA, donde conversaciones internas revelan que el intendente de Ciudad del Este está […]
Se atribuye a Voltaire (François-Marie Arouet), escritor, abogado y filósofo francés, la frase: “El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”, y – a la luz de los últimos acontecimientos que tienen como protagonista al Diputado Ulises Quintana – nuestra administración de justicia, se constituye en la demostración concreta de su vigencia y significado.-
Como en oportunidades anteriores, cuando encaré el análisis del tratamiento otorgado a Ulises Quintana, por el aparato judicial del Estado, dejo mi manifiesto y mi desacuerdo por la perversa maquinación del Poder Judicial para mantener en prisión a una persona que ( a mi criterio) solo representa un peligro para las pretensiones políticas de un grupo de personas que por más de una década y media han robado y saqueado las arcas municipales de Ciudad del Este.
Sin embargo, al referirnos a las pretensiones políticas del Diputado Ulises Quintana, tenemos que aclarar que el mismo goza de una altísima aceptación y que en mayoría lo elegirían para el cargo de Intendente Municipal o cualquier otro cargo al que se postule porque representa la esperanza de toda una ciudadanía que ha sido sometida por un perverso Clan que hasta la fecha utiliza sus tentáculos para torcer las decisiones judiciales obligando a funcionarios y jueces sobre quienes ejercen presión por algún favor realizado a favor de aquellos.
La desigualdad de fuerzas y recursos (tanto humanos, como económicos, materiales y politicos) es tan evidente que no necesita explicación, y precisamente por esa razón es que el sistema procesal de cualquier país medianamente civilizado rodea al enjuiciado de una serie de derechos y garantías. El propósito no es brindar impunidad, por el contrario, proteger al ciudadano común, a la sociedad en general, de los posibles abusos de poder que son vicios propios de quienes ejercen funciones públicas.
Leer la nota completa en Radio Concierto
