La exintendenta Sandra McLeod de Zacarías (ANR, cartista) y otros ocho acusados por un desvío de G. 1.200 millones afrontan en estos momentos la audiencia de imposición de medidas. El trámite se está realizando de forma virtual.
La diligencia judicial es dirigida por la jueza penal de Garantías Cinthia Garcete Urunaga. Los acusados están participando desde sus domicilios, a excepción de Carlos Bordón Bottino, quien se encuentra en un sanatorio.
Bordón Bottino, dueño de la empresa de maletín Frontera Producciones, envió esta mañana al juzgado un certificado médico para alegar imposibilidad de participar en la audiencia por internación, pero la jueza encomendó a una forense inspeccionar al acusado a fin de corroborar si su estado de salud le impedía asistir de forma virtual a la audiencia y se confirmó que no era grave a tal punto que le impidiera participar de la audiencia.
La jueza decidirá en la audiencia las medidas alternativas a la prisión a ser aplicadas a los procesados, como prohibición de salir del país, embargo de bienes y prohibición de cambio de domicilio.
Con relación al caso, el coimputado Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) fue beneficiado con libertad ambulatoria a finales del año pasado.
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