Cada vez que aparecen atrasos en los pagos a contratistas y proveedores del Estado, se buscan explicaciones parciales: la imputación incorrecta de los fondos, la burocracia o incluso el gobierno anterior. Pero después de 30 meses, ninguna de esas razones explica lo que está ocurriendo. La imputación errónea es marginal. El pasado ya no determina el presente.
Atrasos en pagos: el problema no es técnico, es de coordinación
El problema real es otro: la incorporación de nuevos gastos sin financiamiento, sumada a un techo fiscal que el propio Gobierno definió y que hoy limita el uso de recursos que sí existen en las cuentas del Estado y que en el caso de los préstamos generan otros costos para el Estado como intereses y/o cuotas de compromiso. En una coyuntura económica favorable —sin sequía, sin pandemia, sin shocks externos, con más de US$ 1.000 millones adicionales en recaudación y con préstamos multilaterales disponibles— es inadmisible que el Estado no cumpla sus compromisos por un tecnicismo.
La situación se agrava cuando el propio Gobierno reconoce que se priorizaron gastos no previstos, como la compra de aviones, relegando obligaciones sensibles como la alimentación escolar y otros proveedores. Y cuando se insinúa que el MOPC priorizó pagos distintos a los acordados, la falta de liderazgo y coordinación queda expuesta.
El sector privado ya financia al Estado con sus impuestos. No puede, además, financiar la descoordinación del Gobierno ni convertirse en la variable de ajuste para sostener una meta fiscal irreal. Esta dinámica, sumada a otras, erosiona rápidamente uno de los activos más valiosos del país: su institucionalidad económica.
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