La asesora jurídica de la Corte Suprema de Justicia defendió la acción de inconstitucionalidad promovida en lo referente a la solicitud de declaración de bienes. La abogada adujo que existen inconvenientes de forma en el pedido de la Contraloría General.
Luego de la polémica surgida con la controvertida acción de inconstitucionalidad planteada por la Corte Suprema de Justicia para su propio beneficio, la asesora jurídica. Mirtha Morínigo de Florentín, salió al paso de los cuestionamientos y negó que la inconstitucionalidad pretenda evitar el cumplimiento de la ley, tanto de ministros, magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
La abogada insistió en que la postura institucional es la de cumplir con el requerimiento de la declaración jurada de bienes y renta, incluso promueve sumarios a quienes incumplen con tal normativa. Sin embargo refirió que la acción de la máxima instancia judicial ataca artículos que suponen inconvenientes de forma en el pedido mencionado.
El cuestionamiento principal apunta a que el formulario de declaración jurada incluye ítems que no se mencionan en la Constitución Nacional, como el estado de deudas o gravámenes que soporta el patrimonio de un funcionaroi del Poder Judicial. Además se oponen a que, en el formulario, se exijan datos patrimoniales del cónyuge, incluso cuando no sea funcionario públco.
Añade que este punto atenta contra el derecho a la intimidad de las personas, cuando están exentas del bien público. Morínigo recalcó que la Carta Magna no obliga a declarar los pasivos o gastos de los funcionarios, solo requiere la declaración jurada de bienes y renta.
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